Ellas pueden esperar | El Comercio

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    Quería escribir sobre el patético sentido del deber que tienen los que dicen representar al país y tienen aspiraciones de liderazgo. Se va un tercer vicepresidente sin pena ni gloria y se posesionan siete nuevos ministros/secretarios, tres de los cuales deberían desaparecer con todo y ministerios y/o secretarías, dada la peor crisis fiscal de la historia. Pero todo sigue como si nada, así que esta columna tiene mejor uso recordándole al poder que la vida de niñas y adolescentes están a diario en peligro, por violaciones que promedian seis al día y siguen siendo invisibles para el Estado ecuatoriano. Rocío Rosero, de la Coalición de Mujeres, no podía decirlo más claro: “Nos duele tener información de que todos los cargos en el exterior (yo añadiría de clientelas y enviados políticos), todas las agregadurías militares, no han sido tocadas, pero no se prioriza la vida y la dignidad de las niñas y mujeres del país”.

    Esta semana el movimiento de mujeres volvió a sonar la alarma, gracias a que dos relatores de la ONU emitieron informes con recomendaciones que las instituciones estatales se niegan a cumplir. La prioridad es la pandemia y, dentro de ella, la crisis fiscal sin precedentes que ha causado. Por sentido común y por humanidad, el Estado debería estar haciendo esfuerzos extraordinarios por mantener y extender servicios de salud, educación, seguridad y justicia, entendiendo que todo lo demás puede revisarse. Pero la clase política sigue incólume e inamovible con la vida de las 55.000 adolescentes y de ellas; 2.200 niñas menores de 14 años que dan a luz cada año, víctimas de violación. Si estas son las cifras en tiempos normales, se podrán imaginar las cifras que podemos esperar tras meses de aislamiento forzado. Urgen recursos modestos para mantener y extender el personal judicial de acompañamiento a las víctimas, albergues y centros de acogida. Todo financiable -como dice Rocío- con un recorte de cargos innecesarios domésticos y en el exterior.

    Pero más que el reajuste fiscal, lo urgente es la restitución de justicia para las mujeres. La mejor Corte Constitucional que ha tenido el país, está en deuda. La demanda mínima de despenalizar el aborto por violación, incesto y malformaciones sigue durmiendo el sueño de los justos, cuando para niñas y adolescentes violadas y víctimas de incesto, pueden ser caso de vida o muerte. El país sigue teniendo una de las más altas tasas de interrupción forzada de embarazo y de niñas menores de 14 pariendo el hijo de su violador contra su voluntad, pero a la Corte le parece que puede esperar. Cada día que dilatan su decisión, otras 6 niñas o adolescentes condenadas -de una manera o de otra- por una ley que deshumaniza su vida, mientras las obliga a vivir con el o los hijos de su violador. Increíble: ni siquiera en pandemia hay sensibilidad del Estado sobre lo justo y prioritario. Ellas no pueden esperar, aunque quienes toman decisiones en el Ecuador siempre piensen lo contrario.

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