Comunidades de Apía y Pueblo Rico cierran filas y dicen que no permitirán la cacería de fauna

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    Los habitantes de la vereda La Línea, en Apía, han cerrado filas alrededor de la Cárder respaldando la demanda interpuesta por la entidad ante el Consejo de Estado para que la resolución de la ANLA 2370 de 2019 sea suspendida y revocada.

    “Nosotros estamos totalmente en desacuerdo porque venimos desde hace tres años trabajando en conservación ambiental, educando a nuestra comunidad, a nuestros niños y no estamos dispuestos a permitir que pasen por encima de nuestros procesos”, dijo la profesora Blanca Libia Grajales, de la fundación A Vuelo de Pájaro.

    Al igual que la profesora, un alto número de habitantes de la zona se unió a las voces de rechazo. Asimismo, ocurrió en la vereda Taibá, en Pueblo Rico. “Me parece increíble que vengan entidades a pasarse por encima de Corporaciones, a quererse llevar las especies por vanidad o a tener animales encerrados como mascotas”, manifestó Olga Janeth Patiño Rico, cuidadora de la fauna en Pueblo Rico.

    Frente a esas manifestaciones ciudadanas el director general de la Cárder, Julio César Gómez, reiteró que mientras él esté como máxima autoridad en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, no permitirá la cacería de ninguna especie en este departamento. “Eso va en contra del principio conservacionista de la autoridad ambiental. Tenemos herramientas legales para defender nuestra biodiversidad y lo haremos”, puntualizó.

    Además de la Demanda de la Cárder, la personería de Pueblo Rico instauró una acción de tutela en contra de la resolución que permite la cacería en ese municipio. Asimismo, las personerías de Dosquebradas y Pereira han anunciado que acudirán a acciones legales que respalden al director de la Cárder en esta defensa de la fauna silvestre.

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